AYUDAMEMORIA
LA DIARIA
17.10.2011
Por Lourdes Rodríguez

Algunas de las personas que presentaron denuncias de violaciones de derechos humanos, el sábado en la Seccional 4ª de Montevideo. Foto: Javier Calvelo

Fueron 131 nuevas denuncias por delitos cometidos durante la dictadura las presentadas este sábado en 16 comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas, en el marco de una convocatoria realizada por un grupo de militantes que no se identifican con ninguna organización en especial. La jornada, que fue evaluada como positiva por sus organizadores, invitaba a "denunciar masivamente delitos de lesa humanidad" y buscaba "un quiebre en el silencio" de las víctimas o de los familiares.

Los delitos más denunciados fueron el homicidio, la privación ilegítima de libertad y las torturas. Uno de los casos emblemáticos que llegó a la Justicia el fin de semana fue el del militante comunista Fernando Miranda, padre del actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

Miranda fue secuestrado el 30 de setiembre y luego desparecido. Su caso fue amparado en la Ley de Caducidad durante el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1988. Sus restos fueron hallados en el Batallón Nº 13 en diciembre de 2005, pero luego de este hecho la causa no había sido llevada nuevamente a la Justicia hasta el sábado.

Entre las más de 100 denuncias que se presentaron, también están las referidas a los casos de los asesinatos de los estudiantes Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Walter Medina. El 1º de noviembre prescribiría la figura del homicidio muy especialmente agravado y, a partir de este supuesto, el resto de los delitos denunciados el sábado ya prescribieron hace mucho tiempo. "Si es así, que lo diga la Justicia. Esto también era parte de nuestro objetivo", apuntó en diálogo con la diaria Fabiana Larrobla, una de las convocantes a la actividad del fin de semana.

Los militantes que participaron tienen prevista una reunión de evaluación pero Larrobla asegura que continuarán adelante con otras acciones de este tipo, además de organizar cómo realizarán el seguimiento de las causas. Todas las denuncias presentadas el sábado en las comisarías deberán ser elevadas a juez, según lo establece la Ley de Procedimiento Policial.

Larrobla destacó que, en general, y con la excepción de alguna demora, no hubo "grandes obstáculos" en la recepción de las denuncias por parte del personal policial, entre otras razones, porque las personas llegaron con sus escritos redactados. La única excepción fue en el juzgado letrado de San José, donde el magistrado de turno, Pablo Misa Reboledo, dio la orden a los funcionarios policiales de no recepcionar la demanda y, en su lugar, sugirió a los denunciantes concurrir al juzgado a partir de hoy. El juez argumentó que la demanda tenía cierto grado de "complejidad". Los denunciantes, en tanto, decidieron radicar la denuncia en Montevideo. Se trataba de los casos de Alfredo Pino Garín -la denuncia es por tortura y omisión de asistencia, en junio de 1982, en prisión- y de Víctor Hugo Padilla, muerto en el Penal de Libertad en 1975.