Comunicado a la opinión pública
Los ciudadanos y ciudadanas que los pasados 15 y 29 de octubre realizamos denuncias de delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado en comisarías de Montevideo e Interior, aún estamos esperando que las mismas sean conformadas como causas judiciales.
Como cualquier ciudadano, teníamos la expectativa de que, atento a la gravedad de las circunstancias puestas en conocimiento de las autoridades, las instrucciones penales se cumplirían diligentemente.
Sin embargo, a la fecha, habiendo transcurrido un mes y medio desde que se hicieron las primeras denuncias se nos informó que estarían reunidas en el Departamento de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior a la espera de que el Poder Judicial indique cómo se concretará la instrucción. En dependencias policiales se nos informó que el día 29 de octubre se habría librado un oficio a la Suprema Corte de Justicia para que ésta determine si existe algún proceso en trámite sobre los delitos denunciados. Situación claramente novedosa para el tratamiento de delitos en nuestro país.
Al día de hoy solo dos de los denunciantes han sido citados por la justicia, resultando altamente llamativo que más de 150 denuncias aún esperan respuesta. Destacamos que en ambos casos presentaron sus denuncias en días posteriores, lo que podría indicar que fueron recibidas por jueces distintos a los que estarían de turno en las jornadas masivas.
Ante esta situación el día 21 de noviembre solicitamos audiencia al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Leslie Van Rompaey, para que se nos explique los motivos de la demora. Se nos confirmó el martes pasado que seremos recibidos el próximo viernes 9 de diciembre a las 14.30 hs.
DENUNCIAS CON TRATAMIENTO DISTINTO
Una de las denunciantes citadas, lo fue por un juez que no solo escuchó la declaración de la víctima sino que amplió la denuncia presentada y estableció una segunda audiencia para el próximo 21 de diciembre previo a la feria judicial.
El otro denunciante citado, fue notificado vía cedulón judicial indicando que “previo a todo pronunciamiento sobre el mérito de la denuncia y su posible instrucción, este ministerio (MEC, Fiscalía) solicita: a) aclare y amplíe el denunciante, su escrito de fs. 1 a 4, indicando a la sede, contra que persona o personas formula la denuncia por los hechos que se describen en la misma, señalando todos los datos que posea para su identificación”. Queremos destacar que nos resulta extremadamente llamativo que se le pida a una víctima de tortura realizar la labor correspondiente al Ministerio del Interior y el Poder Judicial, que es la de investigar, identificar, perseguir y juzgar criminales. Pedir esto es equivalente, a pesar del radical absurdo de la comparación, a que una víctima del robo de un auto al constatar la falta del mismo deba entregar una identificación del delincuente para que el fiscal y el juez actúen.
En el país del absurdo la muerte por apaleamiento de un perro en el Departamento de Colonia, provocó la inmediata intervención de oficio de dos juzgados. Mientras ante el testimonio de una víctima de tortura y privación ilegítima de libertad, se considere que podría no haber mérito para realizar la instrucción judicial correspondiente.
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gelman vs. Uruguay” obliga al Estado a no obstruir los procesos de investigación, ni con trabas legales ni burocráticas. El párrafo 254 dice textualmente: “En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
Queremos poner en conocimiento de la opinión pública la situación en que se encuentran las denuncias masivas realizadas.
Colectivo organizador de las denuncias.
Montevideo, 30 de noviembre de 2011
http://denunciaportodos.blogspot.com/
contacto de prensa: 098 898 370
